El Consejo Superior de la Judicatura, en el acuerdo PCSJA24-12243, ha dado un paso significativo hacia la modernización del sistema judicial colombiano al adoptar lineamientos para el uso de inteligencia artificial (IA) en la Rama Judicial. Este histórico acuerdo busca integrar la tecnología de forma segura y responsable, potenciando la eficiencia en el acceso a la justicia mientras se resguardan los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Reconoce los enormes beneficios que la IA puede aportar, como la redacción asistida, la clasificación de jurisprudencia, el análisis de datos y la gestión documental. Sin embargo, también advierte los riesgos inherentes, como los sesgos, la opacidad algorítmica y las imprecisiones que podrían vulnerar garantías legales. 

El Consejo subraya que la IA será una herramienta de apoyo y nunca reemplazará la capacidad de razonamiento humano en las decisiones judiciales. Todo uso de esta tecnología deberá estar sujeto a supervisión humana, garantizando la transparencia en cada proceso. Además, queda explícitamente prohibido utilizar sistemas de IA para emitir juicios de valor, analizar pruebas o motivar decisiones basadas únicamente en las respuestas generadas por estas herramientas. 

Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es su enfoque ético, desarrollado en alianza con la UNESCO. Este trabajo conjunto asegura que las herramientas adoptadas cumplan con estándares internacionales en derechos humanos. A nivel nacional, el acuerdo introduce principios clave como la protección de datos personales, la prevención de sesgos y la responsabilidad en el uso de la IA. 

La Judicatura también apuesta por la formación de sus empleados. A través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en articulación y coordinación con la Unidad de Transformación Digital e Informática, incorporará dentro del Plan de Formación de la Rama Judicial la ruta de aprendizaje y competencias digitales y de IA, considerando diferencias sociodemográficas y del tipo de cargo que ejerce el personal a capacitar; niveles de conocimiento y componentes teórico-prácticos; mecanismos de evaluación y posibilidad de alianzas con la academia, centros de pensamiento, investigación e innovación.

El proceso de implementación será monitoreado por la Unidad de Transformación Digital e Informática, que no solo garantizará el cumplimiento de las normas, sino que también promoverá el desarrollo de soluciones tecnológicas internas y la neutralidad frente a proveedores externos. Estas medidas buscan reducir riesgos como la dependencia tecnológica y asegurar la sostenibilidad del sistema judicial en el largo plazo. 

Este acuerdo responde a las expectativas de modernización, pero también a las preocupaciones éticas expresadas por los mismos empleados judiciales, de los cuales el 91,68% identificó la urgencia de establecer reglas claras para el uso de la IA en sus labores. 

Colombia se posiciona como un referente en la región en cuanto a la regulación del uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. El reto será demostrar que es posible aprovechar las bondades tecnológicas sin comprometer los valores y principios que sostienen un sistema de justicia verdaderamente justo y humano.