En una ceremonia que contó con la presencia de magistrados de la jurisdicción disciplinaria y el acompañamiento de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo, presentó ante el Congreso de la República el proyecto de reforma a la Ley 1123 de 2007. Esta reforma permitirá a la Corte Disciplinaria ordenar la devolución de los bienes, dinero o documentos que hayan sido ilegalmente retenidos por abogados en el curso de los procesos judiciales.

El proyecto busca fortalecer el sistema de justicia disciplinaria, especialmente en casos donde abogados se apropian indebidamente de lo que por derecho corresponde a sus clientes, tras llevar a cabo maniobras fraudulentas para favorecer sus intereses particulares. Este tipo de conducta ha sido objeto de investigaciones por parte de la Corte Disciplinaria, que se encarga de investigar y sancionar a los profesionales del derecho que abusan de su cargo.

Desde su creación en 2021, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha impuesto un total de 5.878 sanciones, de las cuales 5.461 han sido dirigidas contra abogados y 417 contra funcionarios de la Rama Judicial. En el año 2024, se impusieron 1.888 sanciones, 1.840 de ellas a abogados y 48 a funcionarios. En ese período, la Corte registró 13.379 infracciones a la ley disciplinaria, siendo más del 80 por ciento de ellas atribuibles a faltas relacionadas con los deberes establecidos en la Ley 1123 de 2007, cuya reforma ahora se impulsa.

Las infracciones más comunes se refieren a faltas de diligencia, honradez y lealtad con los clientes, áreas en las que se han registrado más de 5.000 infracciones, es decir, casi el 50 por ciento del total. Hasta el momento, la Comisión ha sancionado estas conductas, pero los ciudadanos aún debían recurrir a otros mecanismos legales para la devolución de sus bienes. Con esta reforma, se otorga a la Corte la facultad de ordenar la devolución de dinero, propiedades o documentos en sus fallos, eliminando así la necesidad de que los ciudadanos deban acudir a instancias adicionales para recuperar lo que legítimamente les corresponde.

El proyecto, respaldado por la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo; el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; y 35 congresistas de diferentes partidos, se articula en dos etapas fundamentales: una previa a la decisión de la jurisdicción disciplinaria, que propone un escenario de conciliación entre las partes involucradas, y otra posterior, para verificar el cumplimiento de la orden de restitución, asegurando que los ciudadanos reciban los bienes que se les deben.

El magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo destacó la importancia histórica de este proyecto, señalando que “se trata de un paso crucial hacia el propósito de consolidar una justicia para la gente”. Agradeció el apoyo recibido de sus compañeros de Sala, así como de los presidentes de las Altas Cortes y los órganos de control, e hizo un llamado al Congreso de la República para que impulse y apruebe esta reforma en beneficio de los colombianos.

Con este proyecto, el país da un paso firme hacia una justicia más eficiente y cercana a los ciudadanos, garantizando que los abogados que se desvíen de la ética y el derecho no solo sean sancionados, sino que los afectados puedan recuperar lo que por ley les corresponde.