El Congreso de la República ha dado un paso crucial en la modernización del régimen de insolvencia empresarial con la promulgación de la Ley 2437 del 12 de diciembre de 2024. Esta legislación establece un marco permanente para los decretos expedidos en 2020 con el fin de facilitar la reorganización y recuperación de empresas en crisis. Con un enfoque ágil y dinámico, la nueva norma busca salvaguardar el tejido productivo del país, proteger el empleo y ofrecer herramientas eficaces para la estabilización financiera de las compañías.

Uno de los ejes centrales de la ley es la simplificación del acceso a los mecanismos de reorganización. A partir de ahora, los deudores podrán presentar sus solicitudes de manera más expedita ante las autoridades competentes, sin la carga de auditorías previas sobre sus estados financieros. Esto no solo agiliza los trámites, sino que también permite que las empresas en dificultades accedan rápidamente a soluciones que eviten su colapso.

La Ley 2437 de 2024 introduce nuevas opciones para la reestructuración de deudas, incluyendo:

– Capitalización de pasivos: Conversión de deudas en acciones o bonos de riesgo para dar mayor estabilidad a la empresa.

– Descarga de pasivos: Reducción de deudas cuando estas superan el valor real de la compañía.

– Pactos de deuda sostenible: Estrategias que permiten flexibilizar los pagos y reducir la presión financiera sobre las empresas.

Estas medidas brindan un alivio significativo a las compañías en crisis, dándoles una segunda oportunidad para recuperarse sin recurrir a la liquidación inmediata.

Uno de los aspectos más destacados de esta ley es su énfasis en la protección del empleo. Durante los procesos de reorganización, se priorizará el pago de acreencias laborales, garantizando que los trabajadores no sean los más afectados por la crisis empresarial. Además, se establecen mecanismos para preservar las unidades productivas y evitar el cierre masivo de empresas.

Para optimizar los procesos concursales, la ley incorpora el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial, en la gestión de insolvencias. Esto permitirá una mayor transparencia, eficiencia y acceso a la información, beneficiando tanto a empresas como a acreedores.