En el marco del proceso penal, la búsqueda de la verdad se erige como un deber supremo e inalienable. No es solo una obligación legal, sino un compromiso ético que define la integridad y la justicia de cualquier sistema jurídico. La ocultación de evidencia, ya sea intencional o por negligencia, constituye una de las más graves traiciones a este principio fundamental, comprometiendo no solo la resolución de un caso particular, sino también la confianza pública en el sistema de justicia.

El reciente caso de la prueba perdida en la investigación de la muerte del estilista Mauricio Leal resalta esta problemática de manera alarmante. Este incidente no es meramente un error administrativo o un descuido procesal; es una violación flagrante del deber de transparencia y rigor que debe guiar toda investigación penal. Al esconder o perder evidencia, se socava la posibilidad de establecer con precisión los hechos, lo cual es esencial para la administración de justicia.

Larry Laudan, en su obra Truth, Error, and Criminal Law: An Essay in Legal Epistemology (2006), señala que uno de los objetivos fundamentales del proceso penal es precisamente la minimización del error, una tarea que solo puede cumplirse si se asegura la máxima integridad en la presentación y conservación de las pruebas. Laudan argumenta que un sistema de justicia penal que no está comprometido con la búsqueda de la verdad y con la reducción del error es un sistema que inevitablemente fallará en su propósito más básico: la administración justa de la ley. Estos enfoques epistemológicos resaltan la necesidad de garantizar que cada pieza de evidencia sea tratada con el mayor cuidado, reconociendo que la pérdida o manipulación de pruebas puede llevar a errores judiciales con consecuencias devastadoras.

La Corte Suprema de los Estados Unidos, en una decisión de 1996, resumió esta obligación al afirmar que “el propósito básico del proceso penal consiste en la determinación de la verdad”. Sin una determinación acertada de los hechos, es imposible alcanzar justicia, ya que una resolución justa depende crucialmente de establecer correctamente quién hizo qué cosa a quién. Este principio es aún más relevante cuando se considera que la legitimidad pública del sistema penal descansa en la percepción de que este es capaz de diferenciar entre culpables e inocentes de manera precisa y equitativa. Un sistema que no cumple con este objetivo, que condena al inocente y absuelve al culpable, perderá inevitablemente el respeto y la obediencia de los ciudadanos.

El proceso penal, en su esencia, debe ser visto como un “motor epistémico,” un dispositivo diseñado para descubrir la verdad a partir de una amalgama confusa de pruebas e indicios. Esta concepción epistemológica del proceso, como lo expone Laudan, subraya la importancia de reducir al máximo los errores, ya que estos no solo afectan el caso en cuestión, sino que erosionan la confianza en la justicia misma. Cada pieza de evidencia, cada testimonio, cada documento, juega un papel crucial en la reconstrucción de los hechos, y la pérdida o manipulación de cualquier elemento puede llevar a conclusiones erróneas con consecuencias devastadoras.